El pacto cerrado entre el Gobierno y Junts para distribuir los 4.400 menores extranjeros no acompañados que se hacinan en Canarias y Ceuta ha provocado un revuelo político por la oposición del PP y de sus barones autonómicos. El acuerdo crea un criterio de reparto de estos menores inmigrantes por el cual las comunidades deberán acoger a estos extranjeros en función de su población, entre otros factores.
Según este criterio, comunidades autónomas como Catalunya o el País Vasco que ya superan el límite de acogida que les correspondería, serán las que recibirán menos menores (entre 20 y 30). En cambio, Madrid Andalucía o Valencia están por debajo de ese ratio y vendrán obligadas a recibir entre 500 y 800 de estos extranjeros menores de edad que se encuentran en Canarias.
¿Este pacto resolverá el problema que sufre Canarias? ¿Las comunidades gobernadas por el PP se podrán negar a cumplir el acuerdo? ¿Catalunya es insolidaria? ¿Los gobiernos autonómicos que recibirán más inmigrantes tendrán ayudas? Silvia Angulo, redactora jefe de Política de La Vanguardia, responde a estas preguntas en el vídeo que precede a este texto, en conversación con el vicedirector del diario, Enric Sierra.
A pesar de que el PP ha amenazado con rebelarse contra el pacto político y anuncian la presentación de recursos, el acuerdo es ley con lo que están obligados a cumplirla. No obstante, Angulo recuerda que algunas de estas comunidades díscolas acumulan incumplimientos de acuerdos anteriores en esta materia y que el presente pacto dispone de un año para cumplirlo.
Mientras tanto, Silvia Angulo recuerda que el flujo migratorio se mantiene intenso en Canarias. Por eso, el pacto de distribución de los menores extranjeros se deberá mantener en el tiempo para atender a los que lleguen más allá de los 4.400 actuales que se encuentran en las islas.